Quienes discriminen a una mujer o persona gestante por practicar la interrupción del embarazo podría alcanzar una sanción de seis meses a dos años de prisión, así como una multa de 11 mil 314 a 22 mil 628 pesos y de cincuenta a ciento cincuenta días de trabajo en favor de la comunidad. Así lo propuso la coordinadora del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Tania Larios, quién busca adicionar un capítulo III al título décimo del libro segundo del Código Penal para el Distrito Federal.
Estas penas se podría incrementar hasta en una mitad cuando este delito lo cometa un persona servidora pública en el ejercicio de sus funciones o motivo de ellas; si quien comete el delito se vale de medios o circunstancias que le proporcionen su empleo, cargo o comisión, profesión, ministerio religioso o cualquier otro que implique subordinación por parte de la víctima.
Larios expresó que el objetivo de esta acción es penalizar las conductas de estigmatización y criminalización ejercidas en contra de las mujeres en ejercicio de su autonomía reproductiva.
“La criminalización del aborto impacta no solo a las mujeres que son sometidas a un proceso penal por este delito, sino a todas aquellas que, por diferentes razones, tienen embarazos no deseados y que deben enfrentarse al riesgo de llevar a cabo abortos fuera de la ley, continuar un embarazo no deseado o, incluso, enfrentar maltratos por parte del personal de salud al solicitar interrupciones del embarazo dentro de un marco legal”, puntualizó durante la sesión permanente de este miércoles.
