El futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido “deportaciones masivas” de los migrantes indocumentados que viven en el país. El republicano ha indicado que, una vez en el poder, usará el poder federal -incluyendo una ley del siglo XVIII- para detener y deportar a los que están en el país.
Sin embargo, para llevar a cabo una operación al nivel de lo que ha previsto (ir detrás de las más de 11 millones de personas indocumentadas) necesitará apoyarse en los gobiernos y departamentos de policía locales y estatales.
La actitud de las distintas regiones frente a la migración, por lo tanto, será clave para frenar o acelerar sus planes, según expertos y activistas.
Las organizaciones a favor de los derechos de los migrantes en diferentes estados del país ya se están preparando para enfrentar -y resistir -una segunda presidencia del republicano.
Nueva York, una ciudad santuario “sin planes”
En Nueva York, donde viven más de medio millón de migrantes indocumentados, su estatus de ciudad santuario -que no coopera con las autoridades de Inmigración- no les exime de las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Ante la llegada de la Administración de Trump, el alcalde neoyorquino, el demócrata Eric Adams, ya ha dicho que cumplirá con lo que establece el estatuto de ciudad santuario, que prohíbe a sus agencias compartir información sobre estos residentes, aunque también ha dejado claro desde hace tiempo que quiere cambios en esta política que data de finales de 1989.
Texas, un estado aliado de Trump
Texas es el segundo estado con la mayor cantidad de migrantes indocumentados en el país, detrás de California, con alrededor de mil 6 millones de personas, según datos del centro de investigación Pew Research Center.
El gobierno estatal, liderado por el aliado de Trump Greg Abbott, ha invertido millones de dólares en una iniciativa llamada Operation Lone Star, centrada en militarizar la frontera y frenar la entrada de migrantes y solicitantes de asilo.
A través de Lone Star, Texas ha movilizado a cientos de agentes de la Guardia Nacional a la zona fronteriza, incluyendo efectivos de otros 14 estados con gobiernos republicanos.
La legislatura estatal, también controlada por el partido de Trump, aprobó a su vez una polémica ley que daba a las autoridades locales la potestad de detener y deportar a los sospechosos de ser migrantes en situación irregular.
Esta regulación no ha entrado en vigor porque una serie de organizaciones, incluyendo ACLU, presentaron demandas para frenarla y aún está pendiente un fallo en un tribunal de apelaciones al respecto.
Texas, señala a Kassandra González, abogada de la organización Texas Civil Right Project, “ha estado usando una retórica sobre los migrantes calificándolos como invasores”.
