El primer y agitado mes de Sheinbaum: pelea con jueces y violencia en Chiapas y Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, completa su primer mes con retos significativos, entre los que destacan el aumento de la violencia en varias regiones del país y las polémicas surgidas a raíz de la aprobación de la reforma judicial y el consecuente paro de los trabajadores de dicho sector.

Durante este periodo de Sheinbaum Pardo -la primera mujer en el cargo en la historia de México-, la violencia ha sido un tema central, especialmente en Chiapas y Sinaloa.

El asesinato del padre Marcelo Pérez, un sacerdote conocido por su labor humanitaria en Chiapas, ocurrido el 19 de octubre, se convirtió en un símbolo de la creciente inseguridad en la región y puso de relieve el clima de violencia en ese estado fronterizo con Guatemala, donde grupos delictivos luchan por el control de territorios.

El padre Marcelo había recibido amenazas previas, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad de las políticas de seguridad implementadas hasta ahora.

En Sinaloa, los conflictos entre los hijos del Joaquín Chapo Guzmán y los fieles de Ismael Mayo Zambada han escalado a niveles alarmantes desde la captura de este último por Estados Unidos, con la colaboración de Los Chapitos, en julio.

Cientos de personas han muerto desde que empezaran los enfrentamientos en agosto y la situación de inseguridad parece continuar, haciendo imposible la vida normal de los habitantes del occidental estado y con graves consecuencias para las economías locales.

Sheinbaum respondió con el envío a la zona de su secretario de seguridad, Omar García Harfuch, y con un incremento de la presencia militar en la región, estrategia que algunos expertos califican como ineficaz.

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    La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) urgió a las autoridades mexicanas a pasar de las promesas a los hechos para garantizar la seguridad de los periodistas en México tras el asesinato, el pasado martes, del periodista Mauricio Cruz Solís, en Michoacán.

    Cruz Solís fue asesinado a balazos en el centro del municipio de Uruapan, tras realizar una entrevista en vivo con el alcalde Carlos Manzo sobre el incendio por causas desconocidas de 66 locales del mercado Tariacuri.

    En vísperas del Día mundial para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, que se celebra el 2 de noviembre, RSF indicó en un comunicado que se encuentra en México, donde “ha intensificado sus intercambios con las autoridades” en relación con los compromisos hechos por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su campaña electoral en defensa de los periodistas.

    La ONG recordó que una de las principales promesas que Sheinbaum hizo a RSF “fue intensificar la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas”, en particular mejorando la coordinación con el ministerio público para garantizar investigaciones eficaces de los asesinatos y desapariciones de miembros de la prensa.

    Para avanzar en el tema, RSF se reunió esta semana con varios fiscales, entre ellos Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (Femdh), y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

    La ONG explicó que los debates se centraron en las estrategias para avanzar en las investigaciones, en particular en los casos de periodistas desaparecidos que entran dentro del mandato de la Feadle, y en la necesidad de una mayor colaboración con las fiscalías estatales del país.

    Además, se trató el reciente asesinato de Cruz Solís, de 25 años, quien era director del portal informativo ‘Minuto x Minuto’, conducía el noticiero Enlace Informativo, de la estación Radiorama, y fue reportero de los diarios ABC y La Opinión, ambos de Michoacán.

    El periodista había advertido en varias transmisiones de que, debido a su labor periodística, había sufrido incidentes de seguridad que fueron reportados a las autoridades.

    El crimen de Cruz Solís es el quinto registrado este año en México y se suma a los de los periodistas Alejandro Martínez Noguez, el 4 de agosto, en Guanajuato; Luis Fernando Cosgaya Herrera, el 14 de agosto, en Estado de México; Víctor Alfonso Culebro Morales, el 28 de junio, en Chiapas, y Roberto Carlos Figueroa Bustos, el 26 de abril, en Morelos, según el registro de ONU-DH.

    “La lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas y el fortalecimiento de las políticas de protección deben ir de la mano si queremos hacer frente con eficacia a la crisis de violencia que amenaza cada día la libertad de prensa en México”, citó en el comunicado Artur Romeu, director de la oficina de RSF en América Latina.

    La organización Artículo 19 denunció que desde diciembre de 2018, cuando inició la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), han asesinado en el país a 47 comunicadores por su labor, mismo número que en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

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    La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto precautorio de 13 mil millones de pesos para la elección extraordinaria del Poder Judicial, prevista para junio de 2025.

    El monto fue avalado por unanimidad en sesión extraordinaria.

    En días pasados el INE aprobó un anteproyecto de presupuesto para 2025 por 27 mil 271 millones de pesos, con lo que el monto total a solicitar, sumando las elecciones judiciales, sería de más de 40 mil millones de pesos.

    Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INE aclarar el costo de las elecciones judiciales, toda vez que “se habían dicho que eran siete mil (millones de pesos) hace unos meses”.

    Recalcó que en los nuevos comicios no habrá financiamiento a partidos políticos.

    Un llamado respetuoso a los consejeros y consejeras del INE para que revisen el costo de la elección, que ya dijimos que va a salir de los fideicomisos del Poder Judicial”, indicó en su Mañanera del Pueblo.

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