Los contratos para la construcción del Tren Maya, los homicidios perpetrados durante el proceso electoral 2023-2024, detalles sobre la captura y liberación de Ovidio Guzmán en 2019 y pormenores de la investigación sobre la explosión ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, son algunos de los acontecimientos que marcaron el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que permanecerán en secreto durante los próximos años
La última actualización del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) de los sujetos obligados a nivel federal muestra que hay 90 mil 33 asuntos que no se darán a conocer por lapsos que oscilan entre uno y cinco años, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Sol de México revisó los IECR de algunas dependencias federales —que por ley están obligadas a reportar cada semestre el listado de expedientes reservados— y detectó que uno de los asuntos con más información resguardada es la construcción del Tren Maya, la obra de infraestructura más relevante en el sexenio pasado, y que ha suscitado críticas por los daños al medio ambiente, los sobrecostos y los contratos poco transparentes.
A la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se le solicitaron “copias íntegras de todos los documentos (contratos con anexos, convenios, acuerdos de buena voluntad) firmados por el ciudadano Jorge Amílcar Olán Aparicio y la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Frente 5 del Tramo 6 del Tren Maya”.
Olán Aparicio es mencionado en investigaciones periodísticas realizadas por Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad como amigo de los hijos del expresidente López Obrador, y quien habría recibido contratos millonarios para diversas obras, entre ellas el Tren Maya.
Al argumentar las razones por las que no se puede hacer pública la información, la Sedena señaló que “dar a conocer la información que forma parte esencial en la investigación de probables responsabilidades administrativas de los servidores públicos puede entorpecer la secuela procedimental de las investigaciones que realiza la autoridad administrativa y generar desigualdad entre las partes, incertidumbre en las determinaciones, falsas imputaciones e incluso impedir que se lleven a cabo de forma correcta cada una de las etapas de investigación”, por lo que el expediente fue reservado por cinco años.
De los más de 90 mil expedientes clasificados como reservados, la mayoría está en manos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (24 mil 462) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (16 mil 534), buena parte de ellos relacionados con juicios de carácter laboral, en los que la autoridad tiene la obligación de mantener la secrecía en procesos que están en curso.
