La impunidad y la crisis humanitaria prevalecen al cumplirse este jueves dos años del incendio que mató a 40 personas en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el temor se agudiza ante el endurecimiento de las políticas migratorias.
Como prueba de la injusticia, familias de las víctimas denunciaron que permanece en su puesto el titular del INM, Francisco Garduño, encargado del centro donde los migrantes estaban detenidos ante su próxima deportación y en el que fallecieron porque los dejaron encerrados pese al fuego.
“Es desesperante, frustrante no encontrar justicia donde claramente se han vulnerado los derechos de un ser humano, solo nos queda seguir luchando por nuestra familia”, expusieron los deudos en el posicionamiento ‘Dos años sin justicia ni reparación del daño’ compartido por la Fundación para la Justicia.
A pesar del impacto mediático y social del incendio en un principio, “nunca se dio seguimiento” al caso, afirmó a EFE el padre Javier Calvillo, líder en la defensa de migrantes en Ciudad Juárez, donde dirigió por 13 años la Casa del Migrante.
“Nunca se dio nada. Es como si ya le hubieran dado vuelta la página, no pasó nada, no hubo culpables”, lamentó en una entrevista con EFE.
Aquí no importa la vida, no importan los números, no importa el origen, aquí lo que importa es el poder y la impunidad. Y punto”, agregó.
Las víctimas, incluyendo decenas de sobrevivientes con secuelas, son de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador, que catalogó el hecho como un “crimen de Estado”.
