El Parlamento de Hungría aprobó este martes una enmienda a la ley de reunión que prohíbe en la práctica la celebración del desfile del Orgullo LGBTIQ+, con el argumento de proteger a los menores de edad.

La norma ha sido propuesta por el partido Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, y ha recibido también el apoyo de los diputados de la extrema derecha.

El texto de la enmienda señala que se prohíben «las reuniones que promuevan o exhiban el cambio de sexo de nacimiento o la homosexualidad».

La enmienda fue aprobada con 136 votos a favor y 27 en contra (36 diputados no votaron).

En la votación, los legisladores del partido opositor y liberal Momentum prendieron bengalas de los colores de la bandera húngara, rojo, blanco y verde.

El Fidesz, que lleva desde 2010 revalidando una mayoría absoluta de dos tercios, justifica la reforma en la aplicación de la llamada ‘ley de defensa de los menores‘ que tiene como objetivo declarado respetar el derecho de los niños «a un desarrollo físico, mental y moral adecuado».

Los organizadores del Pride de Budapest, que concluye todos los veranos con el desfile de Orgullo LGTBQI, ha denunciado que el Gobierno ultranacionalista de Orbán trata a esa comunidad como un chivo expiatorio y que restringe las protestas pacíficas.

Esto no es protección de menores, es fascismo.Enfatiza Pride Budapest en un comunicado.

«Se prohíbe celebrar cualquier reunión que viole la prohibición establecida en la ley de defensa de los menores«, indica la enmienda, determinando como infracción la organización de estos eventos y también la participación en ellos.

La llamada ‘ley de defensa de menores’, aprobada en 2021, relaciona la homosexualidad con la pederastia, por lo que es considerada homófoba por diferentes ONG y ha sido criticada por la Unión Europea, a la que Hungría pertenece.

Esa norma prohíbe hablar de la homosexualidad en espacios y publicaciones para menores y obliga a las librerías a vender en sobres cerrados los libros en la sección juvenil que abordan ese tema.

Como este cambio legal limita el derecho de reunión, se prevé que el Gobierno promueva una enmienda constitucional para que el derecho de los niños a «los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo físico, mental y moral» esté por encima del resto de derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida.