El fiscal especializado en combate a la corrupción de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, presentó un informe detallado sobre las investigaciones relacionadas con actos ilícitos cometidos durante la administración estatal anterior, destacando la existencia de 130 denuncias, de las cuales 120 han derivado en órdenes de aprehensión contra exfuncionarios públicos.
Govea Orozco enfatizó que la administración pasada dejó múltiples irregularidades, que incluyeron el bloqueo de la transición gubernamental, la retención de información clave y un manejo inadecuado de los recursos públicos, lo que ocasionó que diversas dependencias fueran recibidas con finanzas quebrantadas.
El fiscal explicó que, tan solo en lo que va del año, se han iniciado 10 nuevas carpetas de investigación, además, destacó el caso reciente de un exsecretario de estado que fue vinculado a proceso por una contratación ilegal que causó un daño al erario de 125 millones de pesos.
“Hoy estamos comprometidos no solo a investigar, sino a hacerlo con solidez, profesionalismo y pleno respeto al debido proceso, no se trata de apresurarnos, sino de construir casos sólidos que puedan sostenerse en los tribunales y garantizar justicia para los tamaulipecos”, expresó Govea Orozco.
El funcionario también destacó que el gobierno estatal, encabezado por Américo Villarreal, ha impulsado casi 90 denuncias relacionadas con irregularidades detectadas en diversas dependencias desde el inicio de su gestión.
A estas se suman otras 40 denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado, muchas de las cuales están siendo revisadas actualmente por la Fiscalía.
En relación a las órdenes de aprehensión, el fiscal explicó que algunas han sido ejecutadas, mientras que otras permanecen en proceso, ya que varios exfuncionarios han buscado amparos o han evitado comparecer ante la justicia.
Sin embargo, subrayó que se están utilizando todos los mecanismos legales disponibles para garantizar que los responsables rindan cuentas.
“No permitiremos que nadie evada la justicia, quienes no se presenten voluntariamente enfrentarán las consecuencias legales correspondientes”, agregó.
Asimismo, Govea Orozco resaltó que este esfuerzo de combate a la corrupción se inscribe en un contexto histórico donde las instituciones clave para la rendición de cuentas habían sido manipuladas y debilitadas.
