Un juez federal en Seattle bloqueó el jueves la implementación de una orden ejecutiva que restringe el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, calificándola de “flagrantemente inconstitucional” .

El juez de distrito estadounidense John Coughenour, a instancias de cuatro estados liderados por demócratas, emitió una orden de restricción temporal que impide a la administración hacer cumplir la orden, que el presidente republicano firmó el lunes durante su primer día en el cargo.

Trump en su orden ejecutiva ordenó a las agencias estadounidenses negarse a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos si ni su madre ni su padre son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.

“No puedo entender cómo un miembro del Colegio de Abogados puede afirmar de manera inequívoca que esta orden es constitucional”, le dijo el juez a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la orden de Trump.

Los estados -Washington, Arizona, Illinois y Oregón- argumentaron que la orden de Trump violaba el derecho consagrado en la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense, que establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadano.

“Esta es una orden manifiestamente inconstitucional“, afirmó el juez.

Antes de que el abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, terminara de hablar, Coughenour dijo que había firmado una orden de restricción temporal solicitada por los fiscales generales estatales demócratas de los estados.

“Bajo esta orden, los bebés que nacen hoy no cuentan como ciudadanos estadounidenses”, argumentó el fiscal general adjunto de Washington, Lane Polozola, en una sala del tribunal repleta.

Coughenour, designado por el ex presidente republicano Ronald Reagan, emitió una orden de restricción temporal que impidió que la orden de Trump se aplicara en todo el país durante 14 días mientras evalúa si emitir una orden judicial preliminar.

Según la orden de Trump, cualquier niño nacido después del 19 de febrero cuyas madres o padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales estaría sujeto a deportación y se le impediría obtener números de Seguro Social, varios beneficios gubernamentales y la capacidad de trabajar legalmente a medida que crezcan.