En las últimas horas se han presentado al menos 15 demandas por parte de organizaciones civiles ante tribunales estadounidenses que impugnan la lluvia de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump relacionadas con la migración, como la declaración de emergencia nacional en la frontera sur y la reinstauración del programa Quédate en México.
Estas acciones han sido promovidas por asociaciones religiosas y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, argumentando que son inconstitucionales o violan leyes federales. Los recursos podrían escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
Según algunos de los promotores relacionados con organizaciones mexicanas, estas demandas impulsadas principalmente en las Cortes de los Distritos de Columbia y New Hampshire ilustran una rápida respuesta legal al inicio de la administración Trump, indicando una probable larga batalla judicial en varios frentes sobre la implementación de sus políticas.
La primera demanda impulsada por la agrupación Make the Road expone que la política conocida como deportación acelerada viola el derecho constitucional al debido proceso, la ley de inmigración y la ley administrativa.
Por ello se solicitó a un juez federal del Distrito de Columbia que congelar la deportación acelerada a las condiciones aplicadas por la pasada administración que solo permitía que las personas detenidas dentro de los 14 días de ingresar al país y dentro de los primeros 160 kilómetros de la frontera estuvieran sujetas al procedimiento.
Hasta el cierre de esta edición ningún juez se ha pronunciado de forma inicial sobre las demandas aunque se espera tener una primera respuesta, es decir si son o no suspendidas momentáneamente los decretos emitidos la tarde del lunes por el presidente estadunidense.
A partir del martes el Departamento de Seguridad Nacional amplió el uso de la deportación acelerada a cualquier persona que haya ingresado al país ilegalmente, carezca de estatus legal y no pueda demostrar que ha estado en Estados Unidos durante al menos dos años.
