La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presentó un paquete de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra quienes resulten responsables por irregularidades equivalentes a 40 millones de pesos cometidas durante la anterior administración, es decir, en la del exfutbolista y hoy diputado por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Este lunes, durante una conferencia de prensa la mandataria y su gabinete reiteraron que en su gobierno no había cabida para la corrupción y la impunidad; por su parte el titular de la Consejería Jurídica del estado, Edgar Maldonado, detalló que las primeras denuncias presentadas fueron cuatro penales y dos administrativas, aunque aseguró que podrían interponer más recursos de este tipo en contra de la anterior gestión, “se presentarán tantas denuncias en los bloques que sean necesarios en los asuntos que estemos investigando”, dijo.
De acuerdo con las autoridades morelenses, las irregularidades detectadas fueron en las siguientes instancias:
- Secretaría de Desarrollo Agropecuario
- Secretaría de Infraestructura
- Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
- Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo
Si bien el gobierno no abundó en detalles sobre los casos, en entrevista radiofónica, Edgar Núñez, vicefiscal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos, confirmó la recepción de las denuncias interpuestas por la Consejería Jurídica del estado en contra del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, “las dos denuncias en desarrollo económico son por el mal manejo en la entrega de proyectos del Mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca y la de infraestructura es del la realización de las bodegas de dicho mercado”, dijo a Imagen Radio; y precisó otra demanda es por espectáculos artísticos que nunca se llevaron a cabo en Tequesquitengo.
Margarita González Saravia señaló que esta serie de denuncias no son alguna suerte de persecución política en contra de su antecesor, “no es una cacería de brujas, es escuchar y acompañar al pueblo en sus demandas sociales. Es señalar en lo particular a los servidores públicos que se han alejado de sus actividades de lo que marca la normativa, (…) la cadena de responsabilidades puede llegar a lo más alto”, la secundó en conferencia su consejero jurídico.