TEPJF confirma sanción contra Samuel García por propaganda electoral
Con tres votos a favor y dos en contra, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmaron la sentencia de la sala especializada que ordena que el Congreso local sancione al gobernador Samuel García Sepúlveda por el uso de símbolos religiosos y propaganda político-electoral cuando este era precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano.
En sesión de este miércoles, dicha sentencia se resolvió bajo el proyecto de recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 706 de este año en donde el gobernador Samuel García Sepúlveda buscaba ante la Sala Superior que le quitaran dicha sanción.
Sin embargo, el máximo órgano electoral desestimó sus agravios al señalar que sí incurrió en las faltas que precisó la sala especializada con anterioridad.
«Doy cuenta con el proyecto del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 706 de este año promovido por el gobernador de Nuevo León en contra de la sentencia dictada por la sala especializada en la cual determinó existente el uso de símbolos religiosos, propaganda político electoral y le impuso una multa».
«En el proyecto se propone desestimar los agravios porque, contrario a lo sostenido por el recurrente, el video difundido y que constituye el material denunciado, sí reúne los elementos que confirman la propaganda político electoral aunado a que, también se advierte el uso de símbolos religiosos lo cual constituye en sí mismo un límite al ejercicio de la libertad de expresión de la persona denunciada. De ahí que se propone confirmar la sentencia controvertida», se leyó en el proyecto.
Con esto, el Congreso local tiene luz verde para poder actuar en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda.
Cabe recordar que en entrevista para la plataforma MILENIO-Multimedios, la diputada del PRI, Lorena de la Garza; y el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, habían adelantado que las sanciones podrían ir desde una amonestación económica, hasta la destitución del cargo del mandatario estatal.