La batalla legal del estado de Texas contra la Administración del presidente Joe Biden en torno a las boyas instaladas en el Río Bravo, en la frontera sur de Estados Unidos, promete continuar a pesar de que el paso de migrantes por la frontera ha disminuido a cifras del anterior gobierno.
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, celebró el fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que dictaminó la noche del martes que la barrera flotante que su gobierno instaló en el Río Grande en julio del año pasado puede permanecer en pie.
“Luchamos para mantener estas barreras en el agua y, con la decisión del Quinto Circuito, ahí es exactamente donde permanecerán. Esta lucha está lejos de terminar”, sentenció Abbott en un comunicado.
La decisión del Tribunal anula el fallo previo emitido por un panel de tres jueces del citado tribunal y la orden del magistrado David Ezra, emitida el pasado 6 de septiembre, para que el estado retire el tramo de boyas instalado.
Esta sería la primera victoria legal de Texas con la instalación de la barrera flotante, tras la demanda impuesta por el Departamento de Justicia de EE.UU. que solicita el retiro de las boyas bajo el argumento de que estas constituyen una “obstrucción a la capacidad navegable” del Río Grande (Río Bravo en México).
Por su parte, el Gobierno de Texas ha defendido la instalación de la barrera flotante con el argumento de que se vio obligado a tomar medidas por su propia cuenta para “defenderse” de una “invasión” de migrantes, dado que la Casa Blanca no tomó medidas para asegurar la frontera sur.
En la apelación, Texas dijo que el juez Ezra se equivocó en su conclusión de que las boyas representan una obstrucción a la navegabilidad del río y que abusó de sus facultades al ordenar el retiro de las boyas.
“Texas seguirá defendiendo nuestro derecho constitucional a asegurar nuestra frontera sur para mantener seguros a nuestro estado y a la nación”, reiteró Abbott en el comunicado.
No obstante, el argumento del gran flujo de migrantes irregulares pasando por la frontera suroeste del país parece estar quedándose sin base, tras las restricciones que endurecen el asilo impuestas por el Gobierno Biden en junio pasado.
Las detenciones en julio cayeron a niveles de septiembre de 2020, con 56 mil arrestos de extranjeros que ingresaron de forma irregular por la frontera suroeste en ese mes, según datos revelados por CBS.
Las boyas ocasionaron que el Gobierno de México pidiera en varias ocasiones a EE.UU. que se retirara la barrera, alegando que la mayor parte de las boyas se encontraban en territorio mexicano.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, una entidad binacional, corroboró esta afirmación en un informe presentado ante el tribunal de Ezra que concluye que la gran mayoría de las boyas están del lado mexicano.
