Tamaulipas se prepara para una renovación completa de su Poder Judicial, que incluye aproximadamente 140 cargos entre jueces y magistrados.

Durante una rueda de prensa conjunta, los integrantes de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial destacaron que este proceso se regirá bajo estrictos criterios de transparencia, apertura y equidad, en línea con la reforma judicial impulsada en el estado.

Los cargos a designar incluyen magistrados del pleno del Supremo Tribunal de Justicia, magistraturas regionales, supernumerarias, jueces de primera instancia y jueces de cuantía menor, además de los integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina.

Este último se enfocará en garantizar la rendición de cuentas dentro del sistema judicial. Para garantizar un proceso limpio, se estableció que, en los casos en que haya varios candidatos viables para un mismo puesto, se realizará una insaculación pública que asegure imparcialidad en la selección.

La convocatoria, abierta del 2 al 20 de diciembre, está dirigida a cualquier persona con título de licenciado en derecho y cédula profesional que cumpla con los requisitos estipulados.

“La convocatoria está abierta como nunca antes, es una oportunidad histórica para quienes deseen formar parte del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas”, destacaron los comités.

Sin embargo, existen restricciones, quienes hayan ocupado cargos como gobernador, diputado o secretario, y que no se hayan separado del puesto al menos un año antes, no podrán participar, este requisito busca evitar conflictos de interés y garantizar la independencia del proceso.

Muchos abogados ven en esta convocatoria una oportunidad única, especialmente aquellos que no habían tenido acceso a este tipo de procesos en el pasado.

“Es una contienda judicial histórica que promete abrir puertas y transformar la manera en que se eligen a los integrantes del sistema judicial en Tamaulipas”, subrayaron.

Los comités destacaron que este esfuerzo no solo busca una renovación institucional, sino también fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia, priorizando la equidad y la transparencia en cada etapa del proceso.