Los cuatro casos penales que pendían sobre el candidato republicano Donald Trump en las elecciones de EE.UU. afrontan un carpetazo definitivo tras convertirse en ganador de las elecciones presidenciales, pues el Departamento de Justicia no podrá encausarlo una vez tome posesión.

De cara a la investidura presidencial, el 20 de enero de 2025, los funcionarios de Justicia están dando señales que apuntan al cierre de los dos casos federales impulsados por el fiscal especial Jack Smith, según dijeron fuentes informadas a los canales NBC y ABC, pues la posibilidad de que prosperen es muy limitada.
Según las fuentes de NBC, corresponde a Smith decidir cómo retirar los cargos, y surgen una serie de incógnitas sobre qué pasara con las pruebas y los otros acusados, o si este dejará un informe, como suele ser costumbre; por otra parte, la defensa de Trump tiene como meta “eliminar completamente” todos los casos.

Smith lleva los casos por instigación del asalto al Capitolio de enero de 2021, en Washington DC, y por manejo indebido de documentos clasificados, en Florida, ambos estancados y lastrados recientemente por la decisión del Tribunal Supremo que otorgaba inmunidad presidencial parcial a Trump.

El caso de los documentos clasificados ya tenía malas perspectivas después de que una jueza -nominada por Trump- lo desestimara al considerar inconstitucional el nombramiento de Smith por parte del fiscal general, Merrick Garland, porque no lo designó el presidente ni lo ratificó el Congreso.

El fiscal especial Smith ha sido objeto de amenazas durante la campaña de Trump, quien ha asegurado que piensa despedirlo inmediatamente y que “debería ser expulsado del país”, mientras que un colaborador del republicano, Mike David, le instó la misma noche electoral a ir “buscando abogado”.

El juez que preside ese caso, Juan Merchan, ya retrasó la sentencia para evaluar el fallo de inmunidad del Supremo, y tiene fijada una audiencia este martes 12 de noviembre para responder a una moción de la defensa, que además alegaba interferencia electoral, para anular la condena.

Si Merchan decide proceder, la fecha de sentencia es el 26 de noviembre y Trump se enfrenta a una pena máxima de cuatro años de cárcel, pero los expertos creen que la defensa intentará seguir dilatando el proceso; así pues, la posibilidad de que este pise una cárcel es mínima, sobre todo si los retrasos llegan a la fecha de su nombramiento como jefe del Estado.

Según la cadena CNN, que cita una fuente conocedora de la estrategia de la defensa, los abogados de Trump van a presentar en los próximos días una moción ante Merchan que arguye que un presidente electo tiene los mismos derechos constitucionales que uno en ejercicio, y por tanto debe quedar protegido de las acciones de los fiscales.

El cuarto caso penal, en Georgia, por presunta interferencia en las elecciones de 2020, no tiene visos de avanzar antes de la investidura, tras ser obstaculizado por un idilio entre los fiscales que llevó a la dimisión de uno de ellos y a una denuncia de la defensa para que se retire la fiscal de distrito Fani Williams.

Trump y sus abogados siempre han considerado que todos estos casos, pese a su diversidad, forman parte de lo que califican como ‘caza de brujas’ por parte de una fiscalía que obedece a sus simpatías demócratas.