El vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Luis Pedernera, cuestionó la criminalización de los niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado en América Latina, una región que consideró ha disminuido los presupuestos para la infancia y priorizado la inversión en seguridad frente a la prevención.

En una entrevista con EFE, Pedernera reflexionó que la vida de los niños en América Latina “se mueve pendularmente entre la pobreza y la criminalización“, y lamentó que cuando son víctimas de bandas delictivas “se los acusa de los problemas de inseguridad”.

“Y sobre eso se pide mano dura, baja de la edad de imputabilidad, más leyes penales, más represión”, criticó el comisionado, que visitó Paraguay por invitación de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Cdia).

Para el experto uruguayo, los niños reclutados por organizaciones del narcotráfico, pandillas o grupos armados “tienen que ser abordados como víctimas, no como victimarios”.

“Pero nuestros países solo están poniendo el acento en la seguridad. ¿Y a dónde van los recursos? A la policía, a endurecer las leyes, y nos olvidamos de lo que se necesita de preventivo para abordar estos fenómenos complejos”, lamentó.

En ese sentido, llamó la atención sobre “un gran retroceso en términos de inversión” en temas de infancia que consideró se viene produciendo en “este último tiempo”, pese a haber señales de un aumento de la inversión social en los presupuestos estatales.

“Esa es una paradoja importante en nuestra región, porque los números macro después muestran (que) aumentó la inversión social, pero cuando vamos y miramos con lupa esa inversión social uno ve que se pierde en materia de infancia”, indicó.

Y con motivo de los 35 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, expresó que “los desafíos” de la región se centran en atender las diferentes formas de violencia que soportan los niños.

Por otro lado, se refirió a otras preocupaciones “emergentes” relacionadas con el control estatal a empresas del entorno digital y que favorecen o violan los derechos del niño al apropiarse de datos privados.

“La forma en que las empresas toman datos y se apropian de información de la vida privada de niños, niñas y adolescentes es obscena y los Estados tienen que regular eso”, puntualizó.