Un tribunal de Venezuela emitió este lunes una orden de detención «preventiva», solicitada previamente por el Ministerio Público (MP, Fiscalía), contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por «robo agravado» y otros seis delitos relacionados al caso del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires y fue enviado a Estados Unidos en febrero.
A través de un comunicado, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) explicó que, tras la solicitud del MP, se acordó la orden de detención contra Milei, así como contra la secretaria general de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El TSJ indicó que la orden de captura es por los presuntos delitos de «robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil e inutilización de aeronaves y asociación para delinquir».
El pasado 18 de septiembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó de la solicitud y tramitación de la orden de detención contra Milei -a quien abrió «una averiguación»- por el «robo» del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero pasado.
El Ministerio Público anunció la asignación de dos fiscales especializados en la materia, «quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso».
Saab también informó de la designación de un «fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes» contra Milei y Bullrich por «las acciones cometidas contra el pueblo argentino».
«Es todo una ridiculez. Una dictadura no tiene por qué entender la división de poderes, pero la decisión del avión es una decisión judicial de Argentina y no del presidente del país», señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en rueda de prensa.
Este mes, la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y «otros cabecillas del régimen», ante «el agravamiento de la situación» tras los comicios presidenciales en el país caribeño el 28 de julio.
