El Gobierno de Estados Unidos presentó hoy una demanda contra las dos empresas dueñas del buque que provocó el colapso de un puente en Baltimore el pasado mes de marzo.
El recurso legal busca forzar a las empresas -con sede en Singapur- a pagar una compensación de más de 100 millones de dólares por las costos de las labores de “respuesta al desastre y la limpieza de los restos del naufragio”, según indicó el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.
Un buque propiedad de las compañías Grace Ocean Private Limited y Synergy Marine PTE LTD impactó contra el puente Francis Scott Key de Baltimore a finales de marzo, provocando su caída y acabando con la vida de seis trabajadores del sector de la construcción que hacían labores de reparación en la carretera.
Con esta demanda civil, el Departamento de Justicia está trabajando para garantizar que los costos de limpiar el canal y reabrir el puerto de Baltimore corran por cuenta de las empresas que causaron el accidente, no del contribuyente estadounidense”, señaló el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, en el comunicado.
La demanda, presentada en un tribunal en Maryland, acusa a las empresas responsables del buque de actuar de manera “negligente” al no abordar diferentes problemas técnicos de la embarcación que, en últimas, llevaron al accidente.
“Esta fue una catástrofe totalmente evitable, resultado de una serie de errores eminentemente previsibles cometidos por el propietario y el operador del buque DALI”, señaló Brian M. Boynton, uno de los fiscales encargados del caso.
Poco después del accidente, la compañía Grace Ocean presentó un recurso pidiendo a un juez en Maryland que limitara la responsabilidad de la empresa al valor del buque, que estiman en unos 42.5 millones de dólares.
El recurso del Departamento de Justicia fue presentado en este caso en oposición a las demandas de la empresa.
Con esta demanda, el Gobierno federal se une a la ciudad de Baltimore, que presentó el pasado mes de abril otro recurso en contra de las compañías dueñas del buque.
Los familiares de los seis muertos en el accidente, todos ellos migrantes latinoamericanos de México, El Salvador y Honduras, también han señalado ya que van a presentar sus propias demandas contra las empresas.
En una rueda de prensa ayer, la viuda de Miguel Luna, uno de los trabajadores que murieron en el accidente, dijo que buscará que se haga justicia en el caso en nombre de “todos los trabajadores esenciales”.
