En la madrugada, antes de que saliera el sol, la candidata política Cecilia Castellano se despertó con golpes a la puerta: dos agentes de la oficina del fiscal general de Texas pedían entrar a su casa para una inspección.
“Estaba nerviosa, todavía en pijama”, contó la aspirante al distrito 80 para la legislatura estatal por el partido demócrata a EFE. Los oficiales, agregó, le entregaron una orden de allanamiento y se llevaron su celular.
El mismo día, el pasado 20 de agosto, las autoridades del estado allanaron las casas de al menos cuatro activistas y políticos latinos en el estado, en lo que legisladores y líderes de los derechos civiles han calificado como una táctica de “intimidación electoral” con el objetivo de disuadir a los votantes de ascendencia hispana de participar en las elecciones generales de noviembre
El Gobierno de Texas, controlado por el republicano Greg Abbott y su mano derecha, el fiscal general del mismo partido, Ken Paxton, ha intensificado en el último mes su esfuerzo por combatir el “fraude electoral“, haciendo eco de las teorías sin fundamento del expresidente Donald Trump de que miles de migrantes intentarán votar en los próximos comicios.
Las redadas fueron llevadas a cabo como parte de una investigación dirigida por la unidad de “integridad electoral” de la fiscalía, creada tras las elecciones de 2020, cuando la mayoría de los republicanos abrazaron la idea falsa de que los comicios -que dieron la victoria al actual presidente Joe Biden- fueron fraudulentos.
Junto a Castellano, las autoridades estatales decidieron inspeccionar las casas del líder de los demócratas latinos en Texas, Manuel Medina, al igual que la activista Lidia Martínez, de 87 años y la alcaldesa de una pequeña ciudad al sur de San Antonio, Mary Ann Obregón.
“El gobernador está usando su oficina para intimidar a las personas”, señaló a EFE, Gabriel Rosales, el líder en Texas de LULAC, la principal organización en defensa de los derechos de los latinos en EE.UU.
Varias de las personas que fueron señaladas por el estado son miembros de LULAC, dijo el activista, incluyendo Martínez, quien ha trabajado durante décadas en campañas para registrar votantes.
“El objetivo del estado no es presentar cargos, sino complicar las cosas (…) intimidar a las personas que quieren participar en política y enviarles el mensaje de que si lo hacen, podrían meterse en problemas” con la fiscalía estatal, subrayó Rosales.
