La diputada morenista de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar Mojica, exigió que la Fiscalía Anticorrupción investigue las cuentas públicas del exgobernador panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La anterior exigencia surge por las irregularidades detectadas durante la segunda revisión de las cuentas públicas correspondientes al año 2021.
Esto, luego de que el auditor del Estado, Jorge Espino Ascanio, también del Partido Acción Nacional (PAN),fuera acusado de llevar a cabo una deficiente fiscalización de 159 cuentas públicas en el mismo año.
La diputada morenista recalcó la importancia de que se continúen los procesos penales contra aquellos personajes del PAN que hayan sido señalados por posibles actos de corrupción y que hayan otorgado el puesto al actual fiscal.
Se presume que las deficiencias señaladas ocurrieron en el gobierno central del Ejecutivo estatal, tanto en las secretarías como en los organismos descentralizados, pero también en los 43 municipios del estado, situación propició actos de corrupción y saqueo de recursos públicos, según Salazar Mojica.
La legisladora advirtió que si se siguen detectando desfalcos por parte de la Auditoría Superior del Estado, se dará parte a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que se realicen las investigaciones pertinentes.
Salazar Mójica enfatizó la importancia de llevar a cabo un análisis exhaustivo de las irregularidades encontradas y de seguir los trámites correspondientes para que se tomen las medidas legales necesarias.
La diputada señaló que “más allá de la labia de la Auditoría Superior del Estado”, es fundamental que la Fiscalía Anticorrupción realice un seguimiento riguroso a las posibles prácticas ilícitas detectadas en las cuentas públicas del 2021.
La diputada finalizó destacando la necesidad de que se realicen las investigaciones correspondientes y se tomen las medidas legales necesarias para garantizar la transparencia y la integridad en el manejo de los recursos públicos en Tamaulipas, con el objetivo de erradicar cualquier tipo de corrupción que afecte el bienestar de la ciudadanía.
