La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado al Estado mexicano a fortalecer la protección contra la desaparición de personas e impulsar soluciones que las víctimas y sus familias merecen.
En un comunicado, divulgado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la ONU-DH animó “respetuosamente” al Estado mexicano, especialmente a las autoridades electas, federales y estatales, “a adoptar una agenda vigorosa que proteja a todas las personas contra las desapariciones e impulse las soluciones que las víctimas y sus familias merecen”.
Afirmó que es “crucial” que se reconozcan los derechos de las víctimas y se escuche su voz con la atención y la empatía que exige el respeto a su dignidad.
Alentó además a que todos los esfuerzos de las autoridades se consoliden en una política de estado “y se traduzcan en resultados tangibles”.
Asimismo, la ONU-DH identificó 10 temas prioritarios que consideró oportuno fortalecer, entre ellos, asegurar el derecho a la participación de las víctimas de desaparición, atenderles adecuadamente y brindarles una reparación integral.
También garantizar la protección efectiva de todas las personas buscadoras ante los riesgos y ataques que enfrentan; fortalecer la Comisión Nacional y las comisiones estatales de búsqueda, incluyendo sus consejos ciudadanos, instituciones forenses y de identificación humana.
Investigar de manera adecuada y diligentemente los delitos relacionados con la desaparición de personas; continuar fortaleciendo la coordinación entre las autoridades responsables de la búsqueda e investigación, garantizar que los servidores públicos cuenten con perfiles idóneos y que haya recursos necesarios en las instituciones.
Además de desarrollar e implementar una estrategia nacional de prevención de las desapariciones, bajo un enfoque de seguridad ciudadana y fundamentada en el respeto y la protección de los derechos humanos.
Aunado a ello, pide profundizar los esfuerzos de capacitación al personal judicial, garantizar el funcionamiento efectivo de las herramientas previstas en la Ley General en la materia; reforzar los trabajos por la verdad, la justicia, las memorias y el esclarecimiento histórico e impulsar la implementación de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
México vive una crisis de desaparecidos pues las cifras oficiales reportan más de 110 mil personas no localizadas desde que hay registro y más de 50 mil cuerpos sin identificar en el sistema forense.
