¡Traición a la patria!, secuestro de «El Mayo» Zambada: FGR

A través de un comunicado emitido este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que por el caso del traslado de Ismael “N” y Joaquín “N” de México a los Estados Unidos, se inició una carpeta de investigación que incluye los delitos de secuestro y traición a la patria.

En el comunicado se expone que desde el 26 de julio, un día después de que el presunto narcotraficante identificado como Ismael “El Mayo” “N” fuera llevado a Nuevo México de manera aún no esclarecida, se inició una carpeta de investigación que involucra varios delitos.

La Fiscalía General de la República (FGR), abrió la carpeta número SON/HSO/0001/882/2024, por los posibles delitos de vuelo ilícito; uso ilícito de instalaciones aéreas; violación a la legislación migratoria y aduanera; secuestro; traición a la patria (artículo 123 del Código Penal Federal); y lo que resulte”, puntualiza la FGR.

Además, se suman los delitos de “homicidio, privación ilegal de la libertad y las coparticipaciones que se deriven”.

La Fiscalía puntualizó que a la fecha se han realizado más de cien diligencias en diversas entidades federativas, requiriendo información a todas las instituciones y entidades que puedan y deban aportar información específica sobre este caso, tanto en México como en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.

En su comunicado, la Fiscalía reitera que, derivado de las declaraciones de Ismael “N” que se han hecho públicas, se han llevado a cabo diligencias especificas en Huertos del Pedregal, en Culiacán, y en el aeródromo que posiblemente se utilizó en este caso.

Además se ha solicitado a las autoridades competentes documentación e información sobre navegación aérea; así como información migratoria entre México y Estados Unidos de América al respecto. La información se incorporará a la carpeta correspondiente.

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    La Iglesia católica urgió a implementar medidas efectivas para proteger a los sacerdotes y agentes pastorales, en respuesta al reciente asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas.

    A través de su editorial en el semanario “Desde la fe”, la Arquidiócesis Primada de México expresó su indignación por este crimen y exigió que no queden impunes los actos de violencia contra miembros de la Iglesia.

    El editorial titulado ‘¿Cuántos más como el padre Marcelo?’ señaló que la violencia contra los sacerdotes ha ido en aumento en el país, y alertó que las condiciones de inseguridad actuales ponen en riesgo a quienes trabajan en comunidades vulnerables, sobre todo aquellas amenazadas por el crimen organizado, como lo hacía el padre Marcelo en la región de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

    “¿Cuántos más? Si cada vez que un sacerdote se alza por la verdad, arriesga su vida, y más si lo hace en una comunidad vulnerada por el crimen organizado. ¿Cuántos sacerdotes y ciudadanos más deben ser asesinados para que se escuche su grito exigiendo justicia y paz?”, sentenció.

    El llamado se suma a la tristeza expresada desde el Vaticano por el papa Francisco, quien lamentó este mismo domingo el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, frecuente denunciante de la violencia del crimen organizado, después de oficiar misa en San Cristóbal de las Casas.

    “Me uno a la amada iglesia de San Cristóbal de las Casas, en el Estado mexicano de Chiapas, que llora el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez el pasado domingo”, dijo el pontífice tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

    La Iglesia católica también enfatizó el papel fundamental que desempeñan los sacerdotes en la defensa de la paz y la justicia social en diversas comunidades.

    En el caso del padre Marcelo, se le reconoce por su labor en defensa de los derechos de los indígenas y su compromiso en la búsqueda de la paz en una región históricamente afectada por la pobreza y la exclusión social.

    Su labor pastoral lo llevó a enfrentarse a situaciones de conflicto, un factor que la Iglesia considera relevante en la creciente inseguridad que afecta a sus agentes en el país.

    “’La violencia ya no se aguanta’, fueron algunas de las últimas y valientes denuncias del sacerdote Marcelo Pérez, que pudieron no haber sido necesarias si, más allá de las medidas cautelares que tenía, las autoridades lo hubieran escuchado y actuado con determinación”, añadió.

    Asimismo, la Iglesia dijo unirse a la exigencia expresada por la Conferencia del Episcopado Mexicano para que se “tomen medidas efectivas para proteger a quienes arriesgan su vida por la paz y la justicia”, al tiempo que recordó los asesinatos de dos jesuitas en el norte de México.

    “Hace más de dos años murieron los jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, cuya ausencia aún nos duele, y ahora, esta semana tocó al sacerdote Marcelo Pérez”, se lee en el texto.

    El asesinato del padre Marcelo Pérez no es un caso único en México, al ser uno de los países más peligrosos para el clero, en medio de una ola de violencia en todo el territorio mexicano.

    “No queremos ni una muerte más a causa de la violencia. Queremos una lucha conjunta por la paz y la justicia”, concluyó.

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    “No se debe criminalizar a una niña”, dice Sheinbaum sobre menor acusada de homicidio por un aborto espontáneo
    • octubre 28, 2024

    “No se debe de criminalizar a una niña de 14 años”, fue lo que respondió la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de Querétaro, donde una menor sufrió un aborto espontáneo.

    “Yo creo que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años”, manifestó frente a los medios de comunicación.

    En la mañanera de este lunes desde Palacio Nacional declaró que está en desacuerdo con lo que dicta la Fiscalía General de Querétaro y frente al tema, aseguró que Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, está en contacto con la familia para apoyarlos legalmente. 

    “Está en contacto, Citlalli con la familia. No estamos de acuerdo y estamos en contacto con la familia para apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera”, expresó. 

    La colectiva Adax Digitales denunció que la Fiscalía de Querétaro acusó de homicidio calificado a una menor de 14 años que sufrió un aborto involuntario y que había resultado embarazada tras una violación presuntamente cometida por uno de sus familiares tres años mayor que ella.  

    De acuerdo con la colectiva, la menor tenía menos de cuatro meses de gestación sin saberlo, y al ver la sangre que se produjo con el aborto, pidió apoyo a las corporaciones de emergencia y son éstas las que acusan a la niña de cometer un delito de homicidio doloso.  

    Mayra Dávila, presidenta de Adax Digitales, señaló que durante la audiencia intermedia del caso, la Fiscalía pidió 518 mil pesos como reparación del daño, que en este caso sería para el padre (su agresor), ya que fue acreditada su paternidad con una prueba, pese a que en su declaración negó los hechos. 

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