En el marco de su estrategia para impugnar los resultados de la elección presidencial, en la que llegó en segundo lugar, la excandidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz acudió hoy al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para ofrecer sus alegatos, y aprovechó la visita para reunirse con Mónica Soto Fregoso, la magistrada presidenta del tribunal electoral.
Aunque reconoció, desde la noche del pasado 2 de junio, su derrota ante Claudia Sheinbaum Pardo en las elecciones, Gálvez presentó un recurso de impugnación ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el 13 de junio, en el cual denunció “violaciones constitucionales sucedidas en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de que sean tomadas en cuenta en la calificación de validez de la elección”.
En las mil 673 cuartillas de su impugnación, Gálvez enumeró los agravios con los que pretende anular los resultados de la elección.
Denunció la “intervención sistemática y reiterada” del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los gobernadores de Morena, de los funcionarios y de las instituciones del Estado para favorecer a Sheinbaum, pero también la “coacción del voto de la ciudadanía” con programas sociales, la “violencia generalizada durante el proceso electoral” o la “intervención de los sindicatos en la elección presidencial”.
La demanda de Gálvez se sumó a otros dos juicios que buscan la anulación de la totalidad de las elecciones presidenciales: el segundo fue presentado por un bloque PAN-PRD, y el tercero por el PRI, los partidos que impulsaron a la senadora hidalguense como candidata presidencial de su coalición Corazón y Fuerza por México.
El TEPJF reagrupó las tres demandas en una comisión creada ad hoc que resolverá los juicios presentados contra los resultados de las elecciones presidenciales, encabezada por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, integrantes ambos del grupo de la presidenta Mónica Soto Fregoso.
La comisión tuvo su primera sesión para el desahogo de pruebas el pasado sábado 6, y a pesar de que Xóchitl Gálvez estaba convocada, no se presentó ese día. Acudió a la sede del tribunal electoral este lunes 8, para abogar por su caso.
Gálvez y los partidos que patrocinaron su campaña aseveran que, a través de sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador promocionó a Sheinbaum con “todos los recursos públicos inherentes al cargo que ocupa (humanos, materiales y económicos)”, atacó a la oposición sin permitir el derecho de réplica y ejerció violencia política de género; lo anterior, por lo menos a partir del momento en que dio el banderazo del proceso interno de Morena para definir la candidatura presidencial –al que se refirió como el “destape de las corcholatas”–, en julio de 2021.
Respecto a la intervención de gobernadores de la autollamada Cuarta Transformación, la demanda de Gálvez acusa a varios titulares de ejecutivos estatales de haber participado en eventos políticos de Sheinbaum o de haberla apoyado en mensajes de redes sociales. Entre todos, el equipo de Gálvez destacó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien acusó de haber publicado 37 frases de apoyo y participado en 6 eventos.
La demanda también acusa la intromisión de instituciones del Estado en las elecciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que bajo la polémica gestión de Rosario Piedra Ibarra publicó dos informes que promocionaban a Sheinbaum. El escrito condena el pronunciamiento de Arturo Zaldívar a favor de Sheinbaum, mientras este era todavía ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y asevera que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fue utilizado para vigilar y “vulnerar la privacidad de su casa de campaña y de su equipo”.
En su recurso de impugnación, Gálvez pide al TEPJF analizar sus acusaciones sobre la supuesta coacción de votos mediante el desvío de programas sociales y la estructura de la Secretaría de Bienestar –estimó el desfalco en 2.7 billones de pesos durante el proceso electoral–, así como estimar el impacto de la inseguridad en resultados favorables para Morena en el proceso electoral, en el cual sostuvo que ocurrieron 311 asesinatos.
