Fuente/Excelsior
La Comisión Anticorrupción del Congreso local circuló ayer un dictamen que plantea la destitución e inhabilitación por un periodo de seis años al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y al Secretario General de Gobierno, Manuel González.
El planteamiento de sanción sería por el desvió de recursos públicos en la recolección de firmas para la candidatura presidencial de El Bronco, en las elecciones de 2018.
«El Congreso del Estado impone a Jaime Rodríguez, en su carácter de servidor público como Gobernador del Estado de Nuevo León, la sanción consistente en destitución del cargo de Gobernador e inhabilitación como servidor público por seis años», se detalla en el documento.
Explica que dicha sanción entraría en vigor a partir del día hábil siguiente a la aprobación del presente dictamen. En ese sentido, la Comisión Anticorrupción informó que la votación para dictaminar las sanciones del dictamen se llevará a cabo este jueves 12 de marzo a las 17:00 horas.
Aunque se emita una sanción a El Bronco y sea aprobada por mayoría simple (22 votos) en el Congreso, esta no tendrá un efecto inmediato ya que aún falta que la SCJN resuelva la controversia constitucional que interpuso el mandatario.
Sin embargo, para el Secretario de Gobierno la sanción sí sería de forma inmediata, añade.
«Surte efectos desde el momento en que se apruebe el dictamen por el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, así como la inhabilitación como servidor público por seis años, contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del dictamen», dice el proyecto.
EL PROCESO
El 31 de enero de 2018, el Senador Samuel García, en ese entonces diputado local, presentó una denuncia en donde acusó al Estado de utilizar a funcionarios y 572 servidos públicos para recabar las firmas necesarias que lo acreditaran como candidato a Rodríguez Calderón.
Luego, el 26 de junio de 2018, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acredito´ la existencia de la infracción electoral consistente en un desvió de recursos gubernamentales.
A partir de entonces se inició una disputa legal que incluyó impugnaciones y otros recursos para evitar que los diputados sancionaran al Gobernador y al Secretario de Gobierno.
El 30 de junio de ese mismo año la Sala Superior acreditó las irregularidades y ordenó al Congreso Local a emitir una sentencia en contra de Rodríguez Calderón y de Manuel González.
Fue hasta octubre de 2019 cuando González compareció ante los diputados, mientras que el Gobernador envío a su representante legal quien entregó sus alegatos en escrito.
El caso dio un giro cuando, horas antes de su renuncia, el ex ministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora, concedió una suspensión que frenó las sanciones alistadas por el Congreso de Nuevo León a Rodríguez Calderón.
Sin embargo, el 27 de febrero de este año, la Sala Superior ordenó a la Sala Regional Especializada que emitiera una nueva sentencia.
El 3 de marzo la Sala Regional determinó que el Congreso local tendrá que sancionar a más tardar el próximo 24 de abril a los funcionarios estatales.
