En el Senado de la República, la fracción parlamentaria de Morena, anunció que en el próximo periodo ordinario de sesiones, se discutirá una iniciativa de ley que pretende que los beneficiarios de producción de marihuana medicinal sean los campesinos y pequeños productores y no las grandes empresas que se han apropiado de este negocio.
“No deben ser las grandes empresas las que se apropien de este negocio, como sucedió en la administración pasada, sino [se debe] generar zonas productivas que los más pobres tengan alternativas. Por ello la importancia de que los beneficiarios sean los campesinos y los pequeños productores”, dijo.
El senador José Narro Céspedes, quién es integrante de la Comisión de Gobernación y presidente de la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, indicó que también se busca una iniciativa de ley que comprende regresar la certificación médica al Estado, para evitar que esa facultad quede sólo en manos de unos cuantos como actualmente sucede.
El legislador, en entrevista, dijo que en paralelo con el grupo parlamentario presentará en el siguiente periodo ordinario de sesiones iniciativas sobre temas del campo, minas y agua, así como otra sobre la regulación sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que tiene que ver con la regulación de cirugías estéticas.
Grandes compañías están luchando por hacerse un hueco en el mercado global de los derivados de la planta, un negocio que mueve al año unos US$150.000 millones y que según expertos crecerá en sectores como la salud, las bebidas alcohólicas o los productos de belleza.
Las empresas que están invirtiendo millones en marihuana
“La regulación sanitaria la Cofepris se convirtió en un dique ante los negocios que dejaron armados en las pasadas administraciones. El mejor ejemplo son las grandes ofertas en medicina y cirugía estética, sobre lo que el Estado mexicano tiene retos al respecto”, expuso.

Narro Céspedes consideró que la regulación existente para los procedimientos estéticos debería ser sujeta a la creación de una ley, puesto que al no considerarse un asunto de salud pública, sólo se cuenta con un manual de buenas prácticas, es decir, tanto la cirugía estética y la certificación médica deben estar regulados por el estado.
“Tenemos una iniciativa de ley que regresará la certificación médica al Estado y le quitará los privilegios a unos cuantos, la comentamos con la Consejería Jurídica de la Presidencia, en donde nos expresaron el apoyo para que esto pueda convertirse en una realidad, se insistirá en devolver la certificación médica al Estado mexicano, para que esto siga siendo un negocio para una asociación civil denominada Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas”, resaltó.
Adelantó que lo que se plantea en la iniciativa, es que la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Profesiones, participen y se encargue de vigilar el ejercicio profesional de los médicos y sea la conexión entre el Estado y los colegios de profesionistas de especialidades médicas y de posgrados en áreas de la ciencia médica.
Fuente: El Universal